Tuesday, September 05, 2006
Un crimen perfecto
Fue un asesinato profesional. Impecable. Técnicamente irreprochable: cuatro tiros en la cabeza de Francisco Xavier Ovando, un tiro en la cabeza de Román Gil Hernández.
Las expertas, quirúrgicas, manos cumplieron con eficacia un asesinato político a la altura de los deseos de sus autores intelectuales. Comprobaron, por lo demás, un presunto teórico: que el poder es, siempre, poder de matar. Ostenta el poder quien puede dar muerte a los súbditos.
Crimen y poder.
Poder e impunidad.
Hacia las 11 y media de la noche del sábado 2 de julio de 1988 fueron encontrados en un barrio de la colonia Lorenzo Boturini, en la ciudad de México, los cuerpos sin vida de dos de los militantes políticos más comprometidos con la candidatura a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas.
Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez pertenecían al Comité de Acción Electoral del Frente Democrático Nacional.
Francisco Xavier Ovando era candidato a diputado plurinominal por la cuarta circunscripción que incluye al estado de Michoacán. Coordinaba, por otra parte, la instalación del centro de cómputo de la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo.
El domingo 3 de julio Cuauhtémoc Cárdenas dirigió un mensaje al presidente de la República: “Muy grave sería que la respuesta del gobierno y del elemento oficial a la acción democrática de la oposición fuera el terrorismo y el quiebre de la ley. Será su responsabilidad, Usted tiene la palabra.”
A principios de los años setenta Francisco Xavier Ovando, originario de Ciudad Obregón, Sonora, empezó a trabajar con Cuauhtémoc Cárdenas en el Fideicomiso Lázaro Cárdenas. Después, lo acompañó en su campaña para senador. En 1976, Francisco Xavier Ovando fue el jefe del Departamento Jurídico de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En 1980 el sonorense fue coordinador de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas por la gubernatura de Michoacán. Al iniciarse el gobierno cardenista, fue designado Procurador de justicia de Michoacán en 1981, cargo que desempeñó durante nueve meses.
De 1982 a 1985 fue diputado federal y a partir de 1986 director del Instituto Michoacano de Radio y Televisión.
Dos días después del crimen, Fidel Velázquez, el oráculo de los lunes, emitió un juicio sumario: “Los muertos habían estado antes en un antro de vicio.”
Carlos del Río, el muy honorable, digno e insobornable presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sumó a la campaña oficial de despolitización del homicidio: “Es infantil tratar de hacer aparecer ese crimen como una cuestión política; más bien debe ser una venganza”, estatuyó, sin ofrecer pruebas, el incorruptible y muy honorable presidente de la Suprema Corte.
Rafael Rodríguez Barrera, secretario de la Reforma Agraria, emitió su veredicto: “En este país, como en muchas partes del mundo, ocurren delitos.”
Cosa Juzgada. Así se juzgó. Antes de las más elementales averiguaciones judiciales.
Pero el móvil del doble asesinato no fue el robo: las pertenencias personales de Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez se encontraron junto a sus cadáveres.
Tampoco hubo un incidente de tránsito. Las autopsias revelaron que antes de ser asesinados ambos fueron golpeados.
No desaparecieron ni los relojes ni el dinero de los muertos, pero sí desaparecieron documentos y apuntes que llevaba Francisco Xavier Ovando: datos sobre la estrategia de recolección de información sobre el proceso electoral, ubicación de las casillas electorales y nombres de las personas que podrían informar sobre abusos e irregularidades del sufragio.
Desapareció también del cuerpo de Francisco Xavier Ovando una agenda con nombres y teléfonos de personas que habían aceptado colaborar en caso de que hubiera problemas en la recepción o el envío telefónico de la información electoral.
A priori, el director de la Policía Judicial del Distrito Federal, Jorge Obrador Capellini, también se apresuró a despolitizar el asesinato. Juzgó, en cambio, sin que mediara investigación alguna, que se trataba de una “venganza del hampa”o, en todo caso, de “un problema entre policías y ladrones”.
El gobernador de Michoacán, Luis Martínez Villicaña, también mostró un sospechoso interés en privar al homicidio de toda connotación política. “Ovando tenía amigos de Michoacán. Debe esclarecerse el crimen. No fue un crimen político.”
Sin embargo, ha sido sobradamente documentado que Francisco Xavier Ovando estaba amenazado de muerte “si no abandonaba el estado de Michoacán”.
El primero de julio de 1987 Francisco Xavier Ovando publicó en La Voz una denuncia de los ataques lanzados por la dirigencia estatal del PRI en contra suya. Ovando había dado a conocer días antes el primer documento de la Corriente Democrática en Michoacán.
En su desplegado, Francisco Xavier Ovando denunciaba ante el gobernador Luis Martínez Villicaña el asedio de que estaba siendo objeto por parte de la Policía Judicial del estado de Michoacán. “Varios elementos policiacos han llegado al extremo de implantar en mi domicilio particular un dispositivo de asalto, con armas largas”, escribió y publicó Francisco Xavier Ovando.
También dio a conocer que había recibido por teléfono injurias y amenazas y que solía recibir mensajes anónimos en su casa, “en los que llegaba incluso a la amenaza de muerte”.
“A fin de atemperar y no aceptar provocaciones”, añadía Francisco Xavier Ovando, “me ausenté del estado”. Agentes de la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán se habían constituido en “férreos vigilantes de mi familia y de mis hijos”.
Las expertas, quirúrgicas, manos cumplieron con eficacia un asesinato político a la altura de los deseos de sus autores intelectuales. Comprobaron, por lo demás, un presunto teórico: que el poder es, siempre, poder de matar. Ostenta el poder quien puede dar muerte a los súbditos.
Crimen y poder.
Poder e impunidad.
Hacia las 11 y media de la noche del sábado 2 de julio de 1988 fueron encontrados en un barrio de la colonia Lorenzo Boturini, en la ciudad de México, los cuerpos sin vida de dos de los militantes políticos más comprometidos con la candidatura a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas.
Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez pertenecían al Comité de Acción Electoral del Frente Democrático Nacional.
Francisco Xavier Ovando era candidato a diputado plurinominal por la cuarta circunscripción que incluye al estado de Michoacán. Coordinaba, por otra parte, la instalación del centro de cómputo de la Asamblea Democrática por el Sufragio Efectivo.
El domingo 3 de julio Cuauhtémoc Cárdenas dirigió un mensaje al presidente de la República: “Muy grave sería que la respuesta del gobierno y del elemento oficial a la acción democrática de la oposición fuera el terrorismo y el quiebre de la ley. Será su responsabilidad, Usted tiene la palabra.”
A principios de los años setenta Francisco Xavier Ovando, originario de Ciudad Obregón, Sonora, empezó a trabajar con Cuauhtémoc Cárdenas en el Fideicomiso Lázaro Cárdenas. Después, lo acompañó en su campaña para senador. En 1976, Francisco Xavier Ovando fue el jefe del Departamento Jurídico de la Subsecretaría Forestal y de la Fauna, en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En 1980 el sonorense fue coordinador de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas por la gubernatura de Michoacán. Al iniciarse el gobierno cardenista, fue designado Procurador de justicia de Michoacán en 1981, cargo que desempeñó durante nueve meses.
De 1982 a 1985 fue diputado federal y a partir de 1986 director del Instituto Michoacano de Radio y Televisión.
Dos días después del crimen, Fidel Velázquez, el oráculo de los lunes, emitió un juicio sumario: “Los muertos habían estado antes en un antro de vicio.”
Carlos del Río, el muy honorable, digno e insobornable presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se sumó a la campaña oficial de despolitización del homicidio: “Es infantil tratar de hacer aparecer ese crimen como una cuestión política; más bien debe ser una venganza”, estatuyó, sin ofrecer pruebas, el incorruptible y muy honorable presidente de la Suprema Corte.
Rafael Rodríguez Barrera, secretario de la Reforma Agraria, emitió su veredicto: “En este país, como en muchas partes del mundo, ocurren delitos.”
Cosa Juzgada. Así se juzgó. Antes de las más elementales averiguaciones judiciales.
Pero el móvil del doble asesinato no fue el robo: las pertenencias personales de Francisco Xavier Ovando y Román Gil Heráldez se encontraron junto a sus cadáveres.
Tampoco hubo un incidente de tránsito. Las autopsias revelaron que antes de ser asesinados ambos fueron golpeados.
No desaparecieron ni los relojes ni el dinero de los muertos, pero sí desaparecieron documentos y apuntes que llevaba Francisco Xavier Ovando: datos sobre la estrategia de recolección de información sobre el proceso electoral, ubicación de las casillas electorales y nombres de las personas que podrían informar sobre abusos e irregularidades del sufragio.
Desapareció también del cuerpo de Francisco Xavier Ovando una agenda con nombres y teléfonos de personas que habían aceptado colaborar en caso de que hubiera problemas en la recepción o el envío telefónico de la información electoral.
A priori, el director de la Policía Judicial del Distrito Federal, Jorge Obrador Capellini, también se apresuró a despolitizar el asesinato. Juzgó, en cambio, sin que mediara investigación alguna, que se trataba de una “venganza del hampa”o, en todo caso, de “un problema entre policías y ladrones”.
El gobernador de Michoacán, Luis Martínez Villicaña, también mostró un sospechoso interés en privar al homicidio de toda connotación política. “Ovando tenía amigos de Michoacán. Debe esclarecerse el crimen. No fue un crimen político.”
Sin embargo, ha sido sobradamente documentado que Francisco Xavier Ovando estaba amenazado de muerte “si no abandonaba el estado de Michoacán”.
El primero de julio de 1987 Francisco Xavier Ovando publicó en La Voz una denuncia de los ataques lanzados por la dirigencia estatal del PRI en contra suya. Ovando había dado a conocer días antes el primer documento de la Corriente Democrática en Michoacán.
En su desplegado, Francisco Xavier Ovando denunciaba ante el gobernador Luis Martínez Villicaña el asedio de que estaba siendo objeto por parte de la Policía Judicial del estado de Michoacán. “Varios elementos policiacos han llegado al extremo de implantar en mi domicilio particular un dispositivo de asalto, con armas largas”, escribió y publicó Francisco Xavier Ovando.
También dio a conocer que había recibido por teléfono injurias y amenazas y que solía recibir mensajes anónimos en su casa, “en los que llegaba incluso a la amenaza de muerte”.
“A fin de atemperar y no aceptar provocaciones”, añadía Francisco Xavier Ovando, “me ausenté del estado”. Agentes de la Procuraduría de Justicia del estado de Michoacán se habían constituido en “férreos vigilantes de mi familia y de mis hijos”.
# posted by Federico Campbell @ 5:08 PM 
