Sunday, September 03, 2006
El país legal y el país real
Nuestro verdadero derecho penal es el que se da al margen de la ley: por medio de sobornos o influencias. Es el más efectivo. Se trata de un derecho no escrito. Se trata, en otras palabras, de nuestro derecho penal consuetudinario más positivo. Es el único que cuenta. Viene a cuento esto porque el deterioro de la justicia sigue sin freno como un melanoma maligno. Durante e primer semestre de 1988 el candidato presidencial del PRI dijo por lo menos 187 veces que los principales “reclamos” de la ciudadanía eran los que tenían que ver con la justicia. Dos años después, es decir, en el primer semestre de 1990, la impartición de la justicia estaba pero que antes. El caso del subprocurador Coello y su escolta de violadores no llegó a ser una bomba política como la de Durazo (aunque en otro país más civilizado, es decir, con más sociedad civil, con Estado, hubiera llegado a ser algo más que una bomba política), pero estuvo a punto de llegar a serlo. Lo que se vio a final de cuentas es que cada día el gobierno tiene más necesidad de la policía. Y los agentes se saben necesarios, o mejor dicho, imprescindibles.
En estos tiempos “modernizadores” todo se moderniza, menos el aparato de justicia.
En cuanto una persona atraviesa por nuestro sistema de injusticia penal ya no vuelve a ser la misma. Le cambia la vida. Sea culpable o inocente.
En cuanto el ciudadano cae en las garras del Ministerio Público entra en otra película. En ese instante empieza el infierno. Es todo un medio. Los abogados saben que no tienen que saber mucho de derecho y de leyes: lo efectivo es tener relaciones, influencias, conocer los mecanismos para ver dónde o a quién hay que hacer un pago.
—¿Estamos a merced de los policías y los agentes del Ministerio Público?
—Sí –dice el profesor Jorge Fernández mientras caminamos por la plaza de Santo Domingo. En muchos casos. En la mayoría. Constituyen un poder que se ha ido creando en la práctica, en un círculo vicioso, debido a la impunidad de que ha disfrutado la policía judicial y por esa manga ancha que tiene el Ministerio Público para consignar o no. En la mayoría de los casos nos juzgan ellos, los agentes del MP, y no los jueces. Es decir, nos juzga el Poder Ejecutivo.
Sentados en una banca de fierro vaciado frente al Palacio de la Inquisición, aquí en la bellísima plaza de Santo Domingo, el abogado –profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en derecho penal y en los problemas jurídicos que se presentan en las comunidades indígenas—, y el redactor de esta Máscara, tenemos la impresión de que el tiempo se ha congelado cuando advertimos que una camioneta suburban negra de vidrios polarizados sale del antiguo Palacio de la Inquisición.
—El peor momento se da entre la detención y la consignación –dice, sin transición—. Lo grave del caso de México es que cada vez se cree menos en la aplicación de la norma y más en las influencias y el soborno.
A lo que va el abogado Jorge Fernández es a la conclusión escalofriante de que lo que vivimos en la práctica es una especie de derecho no escrito: tangencial, tal vez más vigente.
—Es el verdadero derecho positivo mexicano, como el de la mafia en el sur de Italia, que en cierto modo no es sino un sistema de justicia paralelo al del Estado.
—¿Se ha agravado esta situación en los últimos dos años?
—Mucho –dice el abogado—. Se sabe que las autoridades han intentado sanear los cuerpos policiacos y los ministerios públicos, pero ha sido imposible. Esos cuerpos tiene una dinámica propia: constituyen un poder paralelo al del Estado.
—Se tiene la sensación de que ni el procurador general de la República ni el del distrito Federal controlan a sus gentes, quienes son los que con más frecuencia nos juzgan. Hay una gran desconexión entre los procuradores, que se pasan la vida detrás de un escritorio, y lo que sucede realmente en la calle, donde el poder lo tiene los policías.
—Los estudiantes de derecho y los profesores se dan cuenta de que hay una separación prácticamente esquizofrénica entre la teoría y la práctica. Nada tiene que ver el país legal con el país real. La descripción que viene en el texto de la ley pertenece a un mundo metafísico. Ya hay grandes huecos en la aplicación del Estado de derecho, en lo laboral, en lo penal. Hay una enorme diferencia entre el derecho tal y como está formulado, escrito, y el derecho que realmente se aplica (cuando se aplica).
—¿Qué podría hacerse para cambiar el aparato de justicia, para conseguir al menos que deje de ser una amenaza contra la sociedad?
—Tendría que haber una revolución total de la administración de la justicia. Cambiarla de cabo a rabo. Si no se hace, esto va a progresar y a volverse incontrolable.
—¿Sobreviven algunos vestigios de la Inquisición?
—Bueno, el edificio sigue en pie.
—Pero en el otro sentido, en la manera de manipular la inocencia o la culpa, la venta de la justicia, el chantaje de la libertad.
—En toda la parte abusiva de la averiguación previa, sí. Pero la Inquisición al menos argüía una razón de Estado; había una tendencia de depuración, del poder, del Imperio Español, del virreinato. En el caso actual de los grupos que dominan el aparato de justicia , por lo menos y sobre todo en la fase que va de la detención a la consignación, los que actúan son grupos. Por la libre. No los controlan las altas autoridades. Saben manejar la violencia. Son grupos conectados a personas del poder económico y político y actúan por su cuenta. No es el terror estrictamente institucional. No es un terror de Estado. No es una persecución política. Es un terror, una violencia de grupos que se protegen con la impunidad del aparato judicial. No es la manga ancha que se le da a un ejército en una situación golpista.
—Es el terror policiaco.
En estos tiempos “modernizadores” todo se moderniza, menos el aparato de justicia.
En cuanto una persona atraviesa por nuestro sistema de injusticia penal ya no vuelve a ser la misma. Le cambia la vida. Sea culpable o inocente.
En cuanto el ciudadano cae en las garras del Ministerio Público entra en otra película. En ese instante empieza el infierno. Es todo un medio. Los abogados saben que no tienen que saber mucho de derecho y de leyes: lo efectivo es tener relaciones, influencias, conocer los mecanismos para ver dónde o a quién hay que hacer un pago.
—¿Estamos a merced de los policías y los agentes del Ministerio Público?
—Sí –dice el profesor Jorge Fernández mientras caminamos por la plaza de Santo Domingo. En muchos casos. En la mayoría. Constituyen un poder que se ha ido creando en la práctica, en un círculo vicioso, debido a la impunidad de que ha disfrutado la policía judicial y por esa manga ancha que tiene el Ministerio Público para consignar o no. En la mayoría de los casos nos juzgan ellos, los agentes del MP, y no los jueces. Es decir, nos juzga el Poder Ejecutivo.
Sentados en una banca de fierro vaciado frente al Palacio de la Inquisición, aquí en la bellísima plaza de Santo Domingo, el abogado –profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, especialista en derecho penal y en los problemas jurídicos que se presentan en las comunidades indígenas—, y el redactor de esta Máscara, tenemos la impresión de que el tiempo se ha congelado cuando advertimos que una camioneta suburban negra de vidrios polarizados sale del antiguo Palacio de la Inquisición.
—El peor momento se da entre la detención y la consignación –dice, sin transición—. Lo grave del caso de México es que cada vez se cree menos en la aplicación de la norma y más en las influencias y el soborno.
A lo que va el abogado Jorge Fernández es a la conclusión escalofriante de que lo que vivimos en la práctica es una especie de derecho no escrito: tangencial, tal vez más vigente.
—Es el verdadero derecho positivo mexicano, como el de la mafia en el sur de Italia, que en cierto modo no es sino un sistema de justicia paralelo al del Estado.
—¿Se ha agravado esta situación en los últimos dos años?
—Mucho –dice el abogado—. Se sabe que las autoridades han intentado sanear los cuerpos policiacos y los ministerios públicos, pero ha sido imposible. Esos cuerpos tiene una dinámica propia: constituyen un poder paralelo al del Estado.
—Se tiene la sensación de que ni el procurador general de la República ni el del distrito Federal controlan a sus gentes, quienes son los que con más frecuencia nos juzgan. Hay una gran desconexión entre los procuradores, que se pasan la vida detrás de un escritorio, y lo que sucede realmente en la calle, donde el poder lo tiene los policías.
—Los estudiantes de derecho y los profesores se dan cuenta de que hay una separación prácticamente esquizofrénica entre la teoría y la práctica. Nada tiene que ver el país legal con el país real. La descripción que viene en el texto de la ley pertenece a un mundo metafísico. Ya hay grandes huecos en la aplicación del Estado de derecho, en lo laboral, en lo penal. Hay una enorme diferencia entre el derecho tal y como está formulado, escrito, y el derecho que realmente se aplica (cuando se aplica).
—¿Qué podría hacerse para cambiar el aparato de justicia, para conseguir al menos que deje de ser una amenaza contra la sociedad?
—Tendría que haber una revolución total de la administración de la justicia. Cambiarla de cabo a rabo. Si no se hace, esto va a progresar y a volverse incontrolable.
—¿Sobreviven algunos vestigios de la Inquisición?
—Bueno, el edificio sigue en pie.
—Pero en el otro sentido, en la manera de manipular la inocencia o la culpa, la venta de la justicia, el chantaje de la libertad.
—En toda la parte abusiva de la averiguación previa, sí. Pero la Inquisición al menos argüía una razón de Estado; había una tendencia de depuración, del poder, del Imperio Español, del virreinato. En el caso actual de los grupos que dominan el aparato de justicia , por lo menos y sobre todo en la fase que va de la detención a la consignación, los que actúan son grupos. Por la libre. No los controlan las altas autoridades. Saben manejar la violencia. Son grupos conectados a personas del poder económico y político y actúan por su cuenta. No es el terror estrictamente institucional. No es un terror de Estado. No es una persecución política. Es un terror, una violencia de grupos que se protegen con la impunidad del aparato judicial. No es la manga ancha que se le da a un ejército en una situación golpista.
—Es el terror policiaco.
# posted by Federico Campbell @ 10:46 PM 
